Desde el Despacho Oval y en un tono desafiante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este viernes un mensaje que marca un nuevo capítulo en su política migratoria: una advertencia frontal y sin precedentes contra los migrantes indocumentados.
«Los sin papeles que permanezcan en Estados Unidos se enfrentarán a duros castigos: tiempo significativo en prisión, enormes multas, confiscación de sus propiedades, embargo de sus sueldos y deportaciones sorpresa», sentenció Trump al presentar una nueva orden ejecutiva que endurece la lucha contra la migración irregular y establece el controvertido programa Proyecto Homecoming.
Deportación “a gusto del gobierno”
La frase que ha encendido las alarmas en organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes fue contundente: “Serán deportados al lugar y forma que se nos antoje”. La nueva modalidad de expulsión, según explicó el mandatario, contempla acciones agresivas tras un periodo de gracia de 60 días, durante el cual los indocumentados podrán “autodeportarse” a través de un sistema digital.
Proyecto Homecoming: el retorno como “opción voluntaria”
El programa ofrece una vía para que los extranjeros en situación irregular abandonen el país de forma voluntaria, sin enfrentar castigos legales. A través de la app CBP Home, desarrollada por el gobierno federal en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes podrán gestionar su salida sin costo alguno, recibir asistencia logística y, en algunos casos, incentivos financieros.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, detalló que quienes se registren en la aplicación podrían recibir hasta mil dólares como “bonificación de salida”. También se contempla un “servicio de conserjería” que permitirá a los indocumentados trasladarse a cualquier aeropuerto estadounidense incluso sin papeles vigentes, para abordar vuelos de retorno a sus países.
“Pueden irse adonde quieran que no sea aquí”, remató Trump.
Deportaciones forzadas tras el plazo
Pasados los 60 días del periodo voluntario, el gobierno pondrá en marcha una campaña de detenciones masivas y deportaciones inmediatas, con la participación de más de 20,000 agentes federales, estatales, locales y personal retirado que será reincorporado con carácter de urgencia.
“Estamos bajo una invasión de extranjeros ilegales que ha traído crimen, violencia y muerte”, aseguró el presidente, repitiendo una narrativa que ha dominado su discurso político desde su primera campaña presidencial en 2016.
Golpe fiscal y política electoral
La Casa Blanca argumenta que el costo fiscal de los migrantes indocumentados es “insostenible”. Cifras oficiales citadas por la administración Trump señalan que el gasto en servicios sociales para personas sin papeles superó los 150 mil millones de dólares en 2023.
La medida llega en un momento clave de su segundo mandato y en el arranque de una nueva campaña electoral. Trump culpa directamente a su antecesor, Joe Biden, por lo que califica como una “crisis sin precedentes”.
“Lo que hizo nunca podrá explicarse y es inaceptable”, dijo, en referencia a las políticas migratorias más permisivas aplicadas por la anterior administración.
Reacciones y preocupaciones
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reaccionado con preocupación ante lo que consideran una política punitiva y xenófoba. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración advirtió que estas medidas podrían violar derechos constitucionales y provocar una ola de terror entre comunidades migrantes.
Mientras tanto, Trump parece decidido a convertir la inmigración en el eje de su narrativa política, elevando la presión sobre millones de personas que hoy se enfrentan a una disyuntiva inminente: marcharse voluntariamente o ser expulsados por la fuerza.